Los alcaldes de Arano, Goizueta, Leitza y Areso han mostrado su desacuerdo en la Comisión de Parlamento de Navarra de este pasado miércoles por el cierre de la oficina forestal de Mendialdea.
El 20 de diciembre de 2022 el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Navarra procedía al desalojo del inmueble y trasladaba todos los servicios a otro local situado en Irurtzun. Este cambio responde a una reestructuración interna que el departamento forestal viene realizando desde el año 2005, aseguraba Gloria Giralda directora del servicio, en su intervención.
Sin embargo, desde los ayuntamientos de Larraun-Leitzaldea no ven los argumentos del departamento como razones de peso para llevar a cabo el cierre. Mikel Zabaleta Aramendia, alcalde de Leitza, instaba a los grupos parlamentarios a que solicitasen la reapertura de la oficina. Creen que esta medida empeora el servicio y aleja a los Guardas Forestales de los montes de la comarca. Además, supone eliminar un lugar de coordinación entre los diferentes colectivos de la zona (bomberos, cazadores, pastores…) con los guardas forestales.
Los representantes de los partidos políticos han escuchado la petición de los alcaldes, pero antes de posicionarse han querido escuchar las razones de los portavoces del departamento de Desarrollo rural y Medio Ambiente, que han asegurado que el servicio a la ciudadanía no empeora ya que la atención que los guardas realizan es personalizada y presencial y la localización de la oficina no implica cambios en este trato, como más tarde han confirmado los guardas Xabier Azpíroz e Ibai Etxabarri, que explicaban los diferentes medios que existían para gestionar los procedimientos administrativos. Giralda ha recalcado tras la intervención de los Guardas que las razones de esta decisión son puramente organizativas y que en ningún caso responden a recortes económicos.
Desde los consistorios de Mendialdea denuncian la escasa información que han recibido y dudan de que la labor de los Guardas Forestales no se vea afectada ya que la distancia desde el puesto de trabajo aumenta en 30 minutos en cada desplazamiento. El único Parlamentario Foral que ha analizado las consecuencias demográficas de la decisión ha sido Miguel Cirauqui Bujanda, de Navarra Suma, que analizaba como erróneo el limitar los servicios de una zona con problemas de despoblación y que las nuevas tecnologías no aseguran el acceso de todos los administrados, que en muchas ocasiones son personas mayores que no disponen de conocimientos ni de tecnologías que les evite desplazarse hasta las oficinas de atención pública.
La Plazuela 
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